· Se dijo preocupado por los actos de corrupción que se puedan desatar a raíz de estas modificaciones.
Tlaxcala, Tlax., a 01 de marzo de 2023
El diputado Pepe Temoltzin, representante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Tlaxcala, señaló que el PLAN B, desde su perspectiva representa un retroceso el cual tiene letras chiquitas que pretende debilitar al INE y al tribunal electoral, de igual manera señaló que abona a la inequidad en las contiendas electorales, a prácticas antidemocráticas, al debilitamiento al sistema de partidos y a las reglas de competencia electoral.
Temoltzin Martínez hizo un llamado a reflexionar con objetividad y amplio criterio el PLAN B del presidente de la República, que pone en riesgo la democracia y libertad de los ciudadanos.
El representante del PAN en el Congreso del Estado sentenció que la reforma a la Ley Electoral tendrá como consecuencia el despido de 6 mil funcionarios, lo que pone en riesgo la operación correcta del INE.
También, la reforma considera la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, que pone en peligro el padrón electoral, la instalación de casillas, el cómputo de los votos, el monitoreo de radio y televisión y la fiscalización de los partidos y campañas, lo que calificó como un exceso.
Por otra parte, dijo que, al haber menor fiscalización, se podría dar paso a inequidad en las contiendas electorales, y se abre la posibilidad de que funcionarios y candidatos puedan usar recursos públicos para hacer campaña sin ser sancionados, lo que podría resultar en actos de corrupción.
En este sentido, Pepe Temoltzin mostró su preocupación, respecto a la protección de los datos personales, ya que el Gobierno Federal tendría acceso a las listas nominales, situación que coloca en vulnerabilidad al elector y podría ser un riesgo que éstos se utilicen para fines distintos a los establecidos en la Ley Electoral.
Así mismo se dijo preocupado por lo que podrían generar las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, ya que pareciera que protegen a los servidores públicos para evitar que sean sancionados por emitir sus opiniones políticas durante la veda electoral, con el pretexto de hacer valer su derecho a la libertad de expresión.
