Tlaxcala vive en un estado de crisis en materia de seguridad y de credibilidad en sus autoridades, sobre todo, porque los gobiernos emanados de Morena, no solo han sido indolentes, sino irresponsables, al poner al frente de las instituciones encargadas de velar por la ciudadanía a personas con graves imputaciones, lamentó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez.
“Con la detención del director de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Tlaxcala, demuestra el fracaso del gobierno estatal y de las administraciones municipales de Morena, de garantizar la seguridad a la ciudadanía, pues no se investiga y documenta a quienes llegan a tomar el control de las áreas claves de la estabilidad social en el estado”.
Abundó: “Es evidente la deficiente estrategia en seguridad pública que tenemos en Tlaxcala, es una constante en los gobiernos de Morena, tanto estatales como municipales y del país, porque no pueden nombrar directores de seguridad cuando tienen carpetas abiertas de investigación por hechos delictivos o administrativos, es una falta grave de los gobiernos lo cual repercute en los hechos que vemos a diario en materia de inseguridad”, aseveró.
Miriam Martínez sostuvo en el primer trimestre del año en curso, se han vivido diversos hechos violentos en la entidad, lo que demuestra la falta de estrategia que se había prometido el gobierno estatal de mantener a Tlaxcala como el estado más seguro del país.
“Hoy tenemos un director municipal detenido por delito contra la administración de justicia, el cual habría cometido cuando se desempeñó como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, demostrando la siempre fallida estrategia del gobierno estatal en este rubro ¿Qué debe pasar para que se tomen cartas en esta grave crisis?, abundó.
Por estas razones, la lideresa del PAN en Tlaxcala exigió al Gobierno Estatal dar certeza de quienes están a cargo de coordinar y velar por la seguridad de las familias tlaxcaltecas, demostrando falta de capacidad de asignación y selección de los titulares en materia de seguridad, “omisiones indolentes que también deben ser sancionadas, porque la incapacidad y la omisión, también es corrupción”, precisó.
