· La legisladora busca dar certeza jurídica en la materia.
Tlaxcala, Tlax., a 14 de septiembre de 2023
Durante la quinta sesión ordinaria de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, la diputada Reyna Flor Báez Lozano, representante del partido Fuerza por México, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.
De esta manera, la diputada propone derogar la fracción II del artículo 2º de tal ordenamiento legal, ya que no resulta pertinente conservar la previsión de los órganos desconcentrados entre las entidades a la que les es aplicable a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, ya que, tales órganos no integran la administración pública descentralizada.
Asimismo, con el objetivo de adecuar el contenido del marco legal establecido por la Ley en cuestión, Báez Lozano propone una modificación al segundo párrafo del artículo 2º; que busca excluir a las asociaciones civiles del alcance de la mencionada disposición, que normalmente se aplica a las empresas estatales, esto debido a que las asociaciones civiles, en su esencia, persiguen objetivos de carácter no lucrativo, lo cual contrasta con la finalidad económica inherente a cualquier empresa, incluyendo aquellas bajo control estatal.
La legisladora también busca derogar el párrafo tercero del mismo artículo, debido a que las universidades, en general, pero particularmente las que gozan de autonomía, no son entidades de la administración pública descentralizada, por lo que deben regirse por las leyes especiales inherentes.
Además, la diputada planteó la derogación del párrafo cuarto, el cual establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está sujeta a la mencionada Ley o que está exenta de cumplirla, esto se debe a que dicha Comisión es un organismo autónomo conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Local y, por lo tanto, no tiene la naturaleza de una entidad de la administración pública centralizada local.
Cabe señalar, que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
