Luego de la aprobación fast track de la mal llamada Reforma Judicial la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega, lamentó que este hecho haya sucedido a base de injusticias y malas prácticas del antiguo régimen, rechazando rotundamente esta reforma que fue propuesta por el Presidente de México y apoyada por legisladores Morenistas.
“Es reprobable que se aprobara una reforma tan importante para el paìs en tan poco tiempo como lo hicieron Morena y sus aliados, y más lamentable que no existiera un diálogo real por parte de la mayoría para escuchar todas las voces, hoy es un día negro para la justicia en México”, aseguró.
Aguilar Vega, lamentó que esta reforma se aprobara a base de injusticias como la retención del senador Daniel Barreda, sin embargo, aplaudió a las bancadas naranjas de las diferentes cámaras por mantenerse firmes y votar en contra de esta reforma que no busca mejorar la impartición de justicia, sino someter al Poder Judicial.
“Como diputada, es mi responsabilidad velar por los intereses de los ciudadanos y garantizar que se respeten sus derechos. Esta reforma judicial no cumple con estos objetivos y, por el contrario, debilitará la autonomía del poder judicial y no abordará los problemas reales que enfrenta la impartición de justicia”, afirmó Aguilar Vega.
La diputada comentó que la elección por voto popular de los jueces y magistrados no será la solución para garantizar una justicia imparcial y eficaz pues esta no se puede someter a la voluntad política ni a la presión de los grupos de poder. “Se debe garantizar la autonomía y la independencia del poder judicial para que los jueces y magistrados puedan tomar decisiones justas y imparciales”, agregó.
Aguilar Vega también criticó la falta de diálogo previa a la aprobación de esta reforma “La mayoría ignoró las voces de la oposición y de la sociedad civil, lo que generó la aprobación de una reforma que no respetó los principios básicos de la democracia”, dijo.
Finalmente la diputada reiteró su rechazo a esta reforma y exhortó a los legisladores locales a unirse para defender los derechos de los ciudadanos y garantizar que la justicia sea un pilar fundamental de la democracia.
