La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 01/2022, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de abuso de autoridad, detención arbitraria y faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos y comisiones; así como violación al derecho Humano a la integridad y seguridad personal derivado de tortura, causada para obtener información o la confesión de alguna persona a partir de sufrimientos graves físicos o psíquicos.
El organismo señaló como autoridades responsables de esos derechos violentados a Víctor Flores Meneses, en ese entonces inspector jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro; Rigoberto de la Cruz Nava, Oficial de la Policía de Investigación; y Arturo Cuamatzi Juárez, Oficial de la Policía de Investigación, todos entonces adscritos a la PGJE.
De acuerdo con los hechos acreditados por la CEDH, una de las dos personas víctimas de la violación a sus derechos humanos manifestó en su escrito de queja, que fue detenida el 25 de febrero de 2016 por Policías de Investigación, quienes no se identificaron y golpeándole en diversas partes del cuerpo le subieron a un automóvil para después trasladarle a una casa, lugar en el que fue torturada. Horas después, pudo escuchar como torturaban a otra persona, quien narró en su escrito de queja que fue detenida el 26 de febrero de 2016, en igualdad de circunstancias.
En ambos casos, los actos de tortura consistieron en golpes en diversas partes del cuerpo, desnudos, toques eléctricos en diversas zonas, como piernas, brazos, pecho y pene, asfixia, y amenazas. Todo mientras eran interrogados y aleccionados.
Por todo ello, la CEDH emitió ocho puntos de recomendación, que son los siguientes:
– Inicio de procedimiento, substanciación y calificación de las faltas administrativas ante el Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en contra de las autoridades responsables.
– Inicio de procedimiento penal, por el delito de tortura y los que resulten, en contra de las autoridades responsables.
– Reparación del daño a favor de las víctimas, comprendiendo el aspecto económico, psicológico y médico.
– Ofrecimiento de disculpa pública a las víctimas deberá condenar los actos cometidos, establecer el compromiso de la no repetición, expresar de manera clara qué se realiza en cumplimiento a la presente recomendación y difundirse a través de los medios de comunicación oficiales de la institución.
– Cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos pertenecientes al Departamento de la Policía de Investigación de la PGJE, y al resto del personal, sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, principalmente los relacionados con la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal.
– Que las víctimas adquieran dicha calidad ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado.
– Publicación de la versión pública de la recomendación en el sitio web de la PGJE.
– Designación de enlace.
Cabe destacar que la fecha de notificación a la superior jerárquico de la PGJE se llevó a cabo el pasado 23 de mayo, mientras que la notificación a las víctimas se hizo al día siguiente, es decir, el 24 de mayo de este año.
